Manuel Rojas Pérez
(Texto de la conferencia “Políticas públicas y construcción de consensos para la gobernanza ambiental efectiva” dictado por Manuel Rojas Pérez en el foro “Colombia y Venezuela: miradas convergentes”, realizado por la Embajada de Colombia y la Universidad Central de Venezuela).
Agradezco a la Embajada de Colombia en Venezuela y a la Cátedra Libre Colombia de esta Universidad Central de Venezuela la oportunidad de conversar con ustedes sobre estos importantes temas. Aprovecho para hacer votos para que a Venezuela y a Colombia nada ni nadie nos distancie. Policreativa Consultores es una persona jurídica registrada en Colombia, lo que nos hace llenarnos, aún más, de orgullo por estar presentes en estas jornadas.
Se nos ha pedido conversar con ustedes sobre la creación de políticas públicas en materia de medio ambiente en Venezuela y Colombia. Y en ese sentido, es importante destacar que existen crecientes amenazas que enfrentamos respecto al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Tanto Venezuela como Colombia, con marcos jurídicos y constitucionales relativamente avanzados, enfrentan el desafío común de transformar sus normativas en acciones efectivas para proteger el ambiente.
La Constitución de ambos países reconoce el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental y coloca una responsabilidad explícita en el Estado para su protección. Sin embargo, la complejidad social, política y económica hace necesaria una mirada especial desde el derecho administrativo, que es donde se concretan las políticas públicas mediante actos administrativos y la construcción de consensos amplios con la sociedad.
En esta exposición vamos a analizar cómo pueden Venezuela y Colombia diseñar políticas públicas capaces de armonizar la protección ambiental.
Para ello, es necesario tener clara que las decisiones que tomamos hoy en nuestras políticas públicas pueden determinar si las futuras generaciones vivirán en un ambiente saludable o enfrentarán catástrofes irreversibles.
Decimos esto porque:
Entre 1985 y 2023, Venezuela perdió más de 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, lo que equivale a cerca de 96 veces el tamaño de Caracas. Solo en abril de 2025 se perdieron unas 27.500 hectáreas de selvas tropicales, mayormente en los estados Amazonas y Bolívar, ubicando al país en la posición 18 de 103 naciones con mayor pérdida de bosques tropicales según Global Forest Watch ;
La minería ilegal ha aumentado un 789% en los últimos 39 años, afectando fuentes de agua y áreas naturales protegidas;
La crisis institucional y la falta de información transparente dificultan el seguimiento y la solución de problemas ambientales como la deforestación en el llamado Arco Minero ;
Colombia alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, lo que lo convierte en una potencia ecológica a nivel internacional ;
Sin embargo, enfrenta retos severos por cambio climático, contaminación y degradación de sus ecosistemas;
Para enfrentar estos retos, Colombia se ha planteado metas y medidas climáticas (Ley 2169 de 2021), orientadas hacia la carbono neutralidad, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono .
I. MARCO CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO AMBIENTAL EN VENEZUELA
En el artículo 127 de la Constitución venezolana, se reconoce explícitamente el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano. El artículo 129 destaca el principio de prevención ambiental, afirmando que el Estado debe actuar para evitar daños ambientales antes de que ocurran. Finalmente, el artículo 326 introduce la corresponsabilidad ambiental, señalando que todos los ciudadanos y organizaciones deben participar activamente en su protección.
Venezuela cuenta con la Ley Orgánica del Ambiente, que establece los lineamientos para la conservación, manejo y recuperación de los recursos naturales. Pero también con el viejo Reglamento de Guardería Ambiental de 1990 , dictado por el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuyo objeto es la protección de áreas forestales y fomentar la participación activa de las comunidades y organismos en la conservación del patrimonio natural.
II. MARCO CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO AMBIENTAL EN COLOMBIA
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su artículo 79 el derecho a gozan de un ambiente sano.
En el plano legislativo, la Ley 99 de 1993 es la piedra angular de la política pública ambiental colombiana. Esta ley creó el Sistema Nacional Ambiental y establece la función coordinadora del Ministerio del Medio Ambiente para asegurar la adopción, ejecución y control de las políticas públicas ambientales.
El concepto fundamental sobre el que gira todo esto es el derecho humano fundamental a un ambiente sano, que implica obligación del Estado a garantizarlo y por tanto la necesidad de implementar políticas públicas para hacer efectivo ese derecho.
III. CONCEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SUS FASES, CARACTERÍSTICAS Y PLANIFICACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
Las políticas públicas son acciones deliberadas, coordinadas y desarrolladas por el Estado a través de sus órganos de Gobierno y Administración Pública, con el propósito de atender problemas y necesidades de interés público.
O como dijo Thomas Dye, las políticas públicas no son otra cosa que “todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer ”.
Se basan en un proceso de diagnóstico, análisis y toma de decisiones orientadas a lograr objetivos específicos que benefician a la sociedad .
IV. FASES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL
Las políticas públicas no son declaraciones políticas ni promesas en un plan de gobierno. Son acciones concretas, específicas.
Una política pública implica un proceso complejo, que incluye:
- Diagnóstico del problema público;
- Diseño de la política, del plan y el llamado a la acción para resolver ese problema;
- Ejecución;
- Evaluación continua;
- Corrección y retroalimentación.
Las políticas públicas requieren planificación, evidencia y coherencia. Requiere datos. Y, claro, necesita instituciones sólidas que busquen el interés general . Demanda participación de múltiples actores: el Estado, el sector privado, las comunidades, la academia y la ciudadanía.
V. CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
• Intencionalidad: se definen con un claro propósito y objetivos de interés público ambiental.
• Intersectorialidad: involucran múltiples sectores del Estado y la sociedad para abordajes integrales.
• Participación ciudadana: garantizan espacios para la participación y control social.
• Sostenibilidad: buscan equilibrar desarrollo económico, social y protección ambiental.
• Carácter dinámico: evolucionan en función de los resultados y el contexto ambiental cambiante.
VI. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
Para la planificación y ejecución de políticas públicas ambientales se utilizan herramientas como:
• Actos administrativos: decretos, resoluciones, permisos y sanciones que dan soporte legal a la política.
• Planes ambientales: como planes de manejo de recursos naturales, planes de cambio climático, planes de manejo de residuos, entre otros.
• Participación social: mediante consultas, cabildos abiertos, audiencias públicas y mecanismos de control social que legitiman y mejoran las políticas.
• Coordinación interinstitucional: articula esfuerzos entre los diferentes niveles y entidades del Estado para optimizar recursos y resultados.
• Monitoreo y evaluación continua: para garantizar la efectiva implementación, así como la capacidad de adaptación y mejora continua.
VII. CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
La construcción de políticas públicas ambientales es un proceso complejo que requiere de la interacción coordinada entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y otros actores. Estas políticas se materializan fundamentalmente a través de actos administrativos que regulan y controlan actividades con impacto ambiental.
En Venezuela, el Ministerio del Ambiente tiene la competencia de implementar regulaciones que incluyen decretos, resoluciones y permisos ambientales. Pero tenemos situaciones como las del Arco Minero, donde muchos informes han venido señalando la gravedad de la situación medioambiental que ahí ocurre, y donde no sabemos en realidad si el Ministerio ha establecido correctivos y políticas publicas en favor del ecosistema del estado Amazonas y Bolívar.
En Colombia, la Ley 99 de 1993 crea el Sistema Nacional Ambiental, que articula entidades públicas para la formulación y seguimiento de políticas ambientales que se basan en metodologías participativas que involucran a actores territoriales y sectoriales, fomentando la generación de consensos para lograr un desarrollo sostenible. Ejemplos son la Política Nacional de Cambio Climático y la Política de Pago por Servicios Ambientales que busca mitigar y adaptar el país a los impactos del calentamiento global que incentiva a las comunidades a conservar ecosistemas estratégicos como bosques y páramos.
VIII. CONSENSO Y POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIOAMBIENTALES
El consenso constituye un pilar en la construcción de políticas públicas ambientales por la naturaleza transversal y multidimensional del ambiente, que implica la interacción de diversos actores, intereses y sectores sociales.
Permite la integración de diversos saberes (técnicos, ancestrales, comunitarios) para enriquecer las soluciones y facilita la adecuación de las políticas a las realidades territoriales y culturales específicas.
Además, promueve la resolución y prevención de conflictos, y aumenta la eficiencia y corresponsabilidad al optimizar los recursos y esfuerzos de todos los actores clave (Estado, comunidades y sector privado).
El consenso es fundamental para asegurar la legitimidad y aplicación efectiva de las políticas públicas ambientales. Venezuela y Colombia han venido intentando aplicar iniciativas binacionales de gestión integrada de recursos hídricos y residuos transfronterizos. Esto se viene trabajando desde la Vigésima reunión del Grupo de Trabajo sobre gestión integrada de los recursos hídricos que se celebró el 13 de octubre del pres ente año. Esto ejemplifica lo que venimos intentando señalar: la cooperación y el diálogo multisectorial pueden construir soluciones conjuntas ante problemáticas ambientales comunes .
IX. RETOS Y PERSPECTIVAS PARA VENEZUELA Y COLOMBIA
Retos
Venezuela
• Falta de institucionalidad para enfrentar la minería ilegal, la deforestación y la contaminación.
• Ausencia de políticas nacionales claras (como un plan de cambio climático) y una falta de transparencia en la información, lo que debilita la respuesta estatal y la toma de decisiones basada en evidencia.
Ambos países
• La expansión de actividades ilegales (minería, agricultura extensiva) es un factor crítico de degradación.
• En Venezuela, hay un severo impacto social en poblaciones indígenas y rurales expuestas a la contaminación por mercurio.
• Colombia enfrenta el desafío de combinar la conservación con el desarrollo sostenible en zonas rurales y amazónicas.
Perspectivas
Fortalecimiento de la Institucionalidad y Cooperación:
• Mejorar las instituciones ambientales mediante capacitación, recursos y una mejor coordinación interinstitucional y territorial.
• Utilizar la cooperación bilateral y regional para abordar problemas comunes como la gestión de cuencas transfronterizas y el control de la contaminación.
Innovación en Políticas y Adaptación al Cambio Climático:
• Adoptar y ejecutar políticas públicas innovadoras, como estrategias de desarrollo bajo en carbono y programas de pago por servicios ambientales.
• Estrategia: Integrar plenamente la adaptación al cambio climático en todas las políticas ambientales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.
Integración de Saberes y Enfoques Interculturales:
• Construir políticas más efectivas y consensuadas al integrar saberes ancestrales y promover enfoques interculturales en la gestión.
• Priorizar esto en territorios indígenas.
Estas reflexiones sobre retos y perspectivas muestran la complejidad y oportunidad que enfrenta la gestión ambiental pública en Venezuela y Colombia, enfatizando el papel decisivo del derecho administrativo y la participación social para avanzar hacia un desarrollo sostenible y un ambiente sano.
X. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
La conservación ambiental en América Latina, y en particular en países vecinos como Venezuela y Colombia, depende en gran medida de la integración de esfuerzos internacionales y la cooperación binacional para abordar desafíos transfronterizos.
Desde la perspectiva internacional, ambos países participan en acuerdos globales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
La cooperación regional, a través de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y acuerdos binacionales específicos entre Venezuela y Colombia, facilita la gestión conjunta de ecosistemas compartidos, como las cuencas hidrográficas, la Amazonía y la región del Caribe.
Además, la cooperación internacional financia proyectos de conservación, desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional, como programas de conservación de bosques y áreas protegidas, impulsados por agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo.
XI. CONCLUSIÓN
Venezuela y Colombia, aunque con realidades y desafíos diferentes, comparten la necesidad de fortalecer sus marcos jurídicos, institucionales y sociales para enfrentar las crisis ambientales actuales.
La construcción de políticas públicas ambientales es un proceso dinámico y complejo, que requiere no solo de un marco legal robusto sino también de una planificación estratégica que incorpore la participación activa de la sociedad y la generación de consensos amplios. La cooperación entre diferentes actores del Estado, las comunidades y el sector privado es clave para legitimar y ejecutar políticas eficaces.
Los retos institucionales, económicos y sociales constituyen barreras significativas que limitan la implementación y vigilancia de estas políticas, pero las perspectivas de cooperación regional e internacional, la innovación en instrumentos jurídicos y administrativos, y el fortalecimiento de procesos participativos ofrecen caminos prometedores para avanzar.
Formulamos, para finalizar, tres recomendaciones desde la perspectiva del derecho público y las políticas públicas:
Fortalecer la Supervisión y Transparencia Ambiental:
• Aumentar la capacidad de monitoreo, reporte y fiscalización ambiental.
• Implementar sistemas de información abiertos y fortalecer organismos de vigilancia con el uso de tecnología satelital y la participación de la ciudadanía y academia.
• Permitir una reacción temprana contra delitos y mejorar la rendición de cuentas.
Combatir Actividades Ilegales y Proteger Áreas Críticas:
• Dar una respuesta severa y coordinada al crecimiento de la minería ilegal y su impacto en fuentes de agua y áreas protegidas.
• Articular fuerzas estatales y judiciales, realizar operativos binacionales en fronteras e integrar guardería ambiental comunitaria con incentivos y mecanismos efectivos de sanción y restitución.
• Preservar áreas clave (en Colombia) y enfrentar el crimen ambiental (en ambos países).
Acelerar el Cumplimiento de Metas y Fomentar la Cooperación Internacional:
• Priorizar la ejecución y el financiamiento de los compromisos ambientales, como las metas climáticas de Colombia. Siguiendo lo que expuso hace un par de semanas la importante economista Mariana Mazzucato en la Conferencia de la UNO sobre el Cambio Climático (COP30) en la cuidad de Belem en Brasil, los gobiernos deben invertir en su propia capacidad para desarrollar capacidades estatales dinámicas estatales invirtiendo en laboratorios de políticas ambientales, recopilando datos y convertir con ello planes en resultados.
• Consolidar alianzas regionales y obtener cooperación técnica y financiera internacional.
• Promover corredores ecológicos y proyectos conjuntos de restauración y manejo sostenible de ecosistemas transfronterizos.
La clave está en el consenso, en el ponernos de acuerdo.
Muchas gracias.
Notas:
Thomas R. Dye. “Understanding public policy”. Pearson Education, Inc. 2005. Pág. 14.
Pierre Muller. “Las políticas públicas”. Universidad Externado de Colombia. 2009. Pág. 35.
Jaime Rodríguez-Arana. “Reforma administrativa y nuevas políticas públicas”. Editorial Sherwood. Caracas. 2005. Pág. 17.